El Senado despachó el miércoles 23 de abril el proyecto de ley que establece normas generales sobre el Uso de la Fuerza (RUF) para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.).
Tras su aprobación, la iniciativa pasó a tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputados.
Para lograr su visado, se realizó una discusión en particular con un total de 35 votaciones realizadas entre el martes y el miércoles.
Justicia militar
Uno de los puntos más controversiales fue la indicación que pretendía restituir atribuciones a la justicia militar en causas relacionadas con personal de las FF.AA. y de Orden.
La indicación proponía que los tribunales militares conocieran siempre de causas derivadas del ejercicio de funciones de seguridad pública, excluyendo expresamente a civiles de ser juzgados por esta jurisdicción.
Este artículo fue declarado inicialmente inadmisible por las comisiones unidas de Defensa Nacional y Seguridad Pública, sin embargo, la Sala del Senado votó dividida y declaró su admisibilidad.
No obstante, el contenido de la indicación fue finalmente rechazado al no alcanzar el quórum requerido de 24 votos favorables.
Durante el debate, la senadora Luz Ebensperger y el senador Javier Macaya defendieron la propuesta, argumentando que no se trataba de nuevas atribuciones, sino de extender facultades ya existentes.
Por el contrario, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, advirtió que esta disposición alteraría la actual estructura de la persecución penal.
Otro punto de controversia fue la inclusión del principio de proporcionalidad en las reglas del uso de la fuerza. A pesar del respaldo del Ejecutivo, la indicación fue rechazada por sectores de la oposición, quienes consideraron que dicho principio no debía estar en la ley.
El ministro Cordero argumentó que la proporcionalidad no implica igualdad, sino ajustar la respuesta al nivel de amenaza, y que su inclusión otorgaría mayor certeza operativa a las fuerzas policiales.
