La polémica por la interceptación telefónica al exjefe de asesores Miguel Crispi sigue generando reacciones. La filtración de la conversación captada por la PDI, donde se alude a supuestas presiones de la exsenadora Isabel Allende para concretar la compra de la casa del expresidente Allende, ha encendido el debate político y puesto nuevamente el foco en el fallido intento de adquisición del inmueble.
Consultada sobre el tema, la ministra Aisén Etcheverry recalcó que el Ejecutivo no se pronunciará sobre la justificación de las interceptaciones. «La fiscalía y los tribunales son poderes autónomos y por lo tanto no nos corresponde a nosotros como Gobierno ni pedir ni dar explicaciones por los actos que ellos determinan», afirmó. También subrayó que «las escuchas telefónicas son una medida intrusiva que requiere de una alta justificación».
Frente a las críticas que surgieron desde la oposición, que acusan un eventual conocimiento previo del Presidente Boric sobre las presiones, Etcheverry hizo un llamado a la responsabilidad. «Aquí hay instituciones que están funcionando, procesos administrativos y judiciales que tienen que seguir su curso y las acusaciones en torno a filtraciones no es algo que beneficie a nuestro sistema, a nuestra democracia y a nuestras instituciones», dijo.
Desde el Gobierno insistieron en que colaborarán con todas las investigaciones en curso, tanto judiciales como administrativas, evitando entregar más comentarios.
